El Consejo para la Transparencia conoció un amparo interpuesto por un particular contra…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo interpuesto por un particular contra la Superintendencia de Educación, que no entregó los datos anonimizados solicitados, consistentes en nombres de menores de edad y listados de asistencia de los mismos. El organismo sostuvo que la información estaba protegida. El Consejo rechazó el amparo por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 19 N° 4 de la Constitución y la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. Fundó su decisión, además, en la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige especial cuidado con los antecedentes que forman parte de la esfera íntima de los niños, niñas y adolescentes, lo que debe ser considerado al ponderar el derecho de acceso a la información pública.
Normas citadas
Ley N° 19.628
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley 21.430
Ley N° 21.096
Oficio Ord. N° 1075
Oficio N° 27619
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿La protección de la vida privada de menores de edad puede limitar el derecho de acceso a la información pública en Chile?
En este caso, el Consejo sostuvo que la protección de la vida privada de menores de edad justifica la reserva de la información y debe ponderarse frente al derecho de acceso a la información pública. Para ello se apoyó en el artículo 19 N° 4 de la Constitución, la Ley N° 19.628 y la Convención sobre los Derechos del Niño.
¿Qué papel cumple la Convención sobre los Derechos del Niño al decidir una solicitud de acceso a información sobre estudiantes?
En este caso, el Consejo fundó su decisión en la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige especial cuidado con los antecedentes que forman parte de la esfera íntima de niños, niñas y adolescentes. Esa exigencia debe considerarse al ponderar el derecho de acceso a la información pública.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.