Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si el personal del Poder Judicial está sujeto al límite de sesenta unidades de fomento para las remuneraciones imponibles. Ante la alegación de que los tribunales habían fallado que ese límite solo rige para el bono de modernización, el órgano recordó su criterio, fijado en los oficios N° 92.143 de 2016 y en el dictamen N° 24.860 de 1996, según el cual desde el 1 de enero de 1988, con la entrada en vigor de la ley N° 18.675, todas las remuneraciones imponibles quedaron afectas al tope, incluidas las del Poder Judicial, por lo que las pensiones deben calcularse con esa limitación. Agregó que el inciso final del artículo 4° de la ley N° 19.531, modificado por la ley N° 20.224, es armónico con esa jurisprudencia. Finalmente, precisó que, conforme al artículo 3° del Código Civil, las sentencias judiciales solo obligan respecto de las causas en que se pronuncian, por lo que su criterio se mantiene vigente para quienes no se benefician de ellas.