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La Corte de Apelaciones de San Miguel conoció un recurso de amparo constitucional deduc…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de San Miguel conoció un recurso de amparo constitucional deducido por un interno condenado contra Gendarmería de Chile, que había denegado su traslado a una unidad penal cercana a su familia. El recurrente sostenía que la negativa vulneraba sus derechos. La Corte concluyó que Gendarmería actuó dentro de sus atribuciones legales, conforme al Decreto Ley 2859 y al Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que facultan a la autoridad penitenciaria para determinar el lugar de cumplimiento y resolver traslados. Estimó que la decisión estuvo debidamente fundada en razones de seguridad, dado el alto compromiso delictual del interno y la falta de condiciones de seguridad e infraestructura adecuadas en los recintos solicitados. Por ello, declaró que no existía ilegalidad y rechazó el recurso.

Normas citadas

  • Ley 2859
  • Decreto Ley 2859
  • Oficio Ordinario N° 2510
recurso de amparoartículo 21 Constitución Políticatraslado de unidad penalGendarmería de Chilefacultades administrativas penitenciariaslibertad personalcautela de garantíassalida dominical

Preguntas frecuentes

¿Gendarmería puede negar el traslado de un interno condenado a una unidad penal cercana a su familia?

En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel sostuvo que Gendarmería actuó dentro de sus atribuciones legales, pues el Decreto Ley 2859 y el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios la facultan para determinar el lugar de cumplimiento y resolver traslados. Estimó la negativa fundada en razones de seguridad.

¿Cuándo procede rechazar un recurso de amparo por traslado de un condenado?

En este caso, la Corte rechazó el amparo porque no halló ilegalidad, al considerar que la decisión estuvo debidamente fundada en el alto compromiso delictual del interno y en la falta de condiciones de seguridad e infraestructura adecuadas en los recintos solicitados.

¿Qué atribuciones tiene la autoridad penitenciaria para decidir el lugar de cumplimiento de la pena?

En este caso, la Corte afirmó que el Decreto Ley 2859 y el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios facultan a la autoridad penitenciaria para determinar el lugar de cumplimiento de la pena y resolver los traslados de los internos.

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