El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las norma…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las normas de transparencia activa interpuesto contra la Municipalidad de San Joaquín, fundado en la falta de atención telefónica y de una página web para consultas relativas al Registro Civil. El Consejo concluyó que tales hechos no constituyen incumplimiento de los artículos 7º de la Ley 20.285 y 51 de su Reglamento, y que el reclamo carece de un elemento habilitante para su interposición. Por ello, lo declaró inadmisible. Asimismo, hizo presente que las presentaciones dirigidas al órgano para reclamar por esas circunstancias corresponden al derecho de petición del artículo 19 N° 14 de la Constitución y no son de su competencia. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quince días corridos.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Constituye incumplimiento de transparencia activa que una municipalidad no tenga atención telefónica ni página web para consultas sobre el Registro Civil?
En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que esos hechos no constituyen incumplimiento de los artículos 7º de la Ley 20.285 y 51 de su Reglamento. Por eso declaró inadmisible el reclamo.
¿Puede el Consejo para la Transparencia conocer un reclamo por falta de atención telefónica o de una página web municipal para consultas?
En este caso, el Consejo sostuvo que el reclamo carecía de un elemento habilitante y que las presentaciones por esas circunstancias corresponden al derecho de petición del artículo 19 N° 14 de la Constitución, por lo que no son de su competencia.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo de transparencia activa?
En este caso, contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quince días corridos.
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