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El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo interpuesto por un ciudadano contra…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024

Resumen

El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo interpuesto por un ciudadano contra el Gobierno Regional del Maule, que había solicitado copia de las actividades realizadas con financiamiento público en la ejecución de un estudio regional sobre experiencias de niñes, adolescentes, jóvenes trans y sus familias. El órgano requerido sostuvo que no obraba en su poder la información solicitada, y el Consejo concluyó que no existían antecedentes que permitieran una conclusión contraria. Sin perjuicio de ello, y por tratarse de recursos públicos transferidos a una corporación privada sin fines de lucro, el Consejo resolvió remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República para los fines que estime pertinentes.

Normas citadas

  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 18.575
  • Oficio N° 388
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de FondoGrupos de interés especial

Preguntas frecuentes

¿Qué debe hacer un organismo público si no tiene en su poder la información que se le solicita por transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo porque el Gobierno Regional sostuvo que no tenía la información solicitada y el Consejo no encontró antecedentes que permitieran concluir lo contrario.

¿Puede el Consejo para la Transparencia fiscalizar el uso de recursos públicos entregados a una corporación privada sin fines de lucro?

En este caso, aunque rechazó el amparo, el Consejo remitió los antecedentes a la Contraloría General de la República, porque se trataba de recursos públicos transferidos a una corporación privada, para que esta decida lo pertinente.

¿Qué ocurre cuando una solicitud de acceso a información pública se refiere a actividades financiadas con fondos públicos ejecutadas por una entidad privada?

En este caso, el Consejo resolvió que, al no existir antecedentes de que el órgano tuviera la información, no procedía acoger el amparo, aunque sí dio traslado de los antecedentes a la Contraloría por el financiamiento público transferido.

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