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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la compatibilidad, en el Serv…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la compatibilidad, en el Servicio Médico Legal, entre la asignación por funciones críticas de la ley N° 19.882 y la asignación de estímulo de la letra b) del artículo 9° de la ley N° 15.076. El organismo concluyó que son incompatibles, porque el decreto N° 561, de 1994, del Ministerio de Justicia fijó esta última asignación para ciertos profesionales del servicio en razón de especialidades, actividades o condiciones que se estimó necesario estimular, supuesto que el inciso final del artículo septuagésimo tercero de la ley N° 19.882 contempla para excluir la compatibilidad. Añadió que ni la relevancia de las labores del servicio ni la forma en que la ley de presupuestos regulaba ambos beneficios alteran esa conclusión, y que la ley de presupuestos para 2015 no previó su compatibilidad. En consecuencia, ordenó al servicio adoptar medidas para obtener la restitución de las sumas indebidamente pagadas en caso de pago conjunto, informando en 20 días hábiles, sin perjuicio del derecho de los funcionarios a solicitar condonación o facilidades de pago.

Normas citadas

  • ley 19882 art/septuagésimo tercero inc/fin
  • ley 18575 Tit/II
  • ley 15076 art/9 lt/b
  • dto 110/63 Salud art/27 inc/1
  • dto 110/63 Salud art/30
  • ley 20798
  • ley 10336 art/67
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede el Servicio Médico Legal seguir pagando ambas asignaciones si la ley de presupuestos no lo prohíbe expresamente?

No, en este caso la Contraloría sostuvo que ni la relevancia de las labores del servicio ni la forma en que la ley de presupuestos regulaba ambos beneficios alteran la incompatibilidad, y que la ley de presupuestos para 2015 no previó su compatibilidad.

¿Qué debe hacer un servicio público si pagó conjuntamente dos asignaciones incompatibles?

En este caso, la Contraloría ordenó al Servicio Médico Legal adoptar medidas para obtener la restitución de las sumas indebidamente pagadas y informar en 20 días hábiles, sin perjuicio del derecho de los funcionarios a solicitar condonación o facilidades de pago.

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