La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un extrabajad…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2013
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un extrabajador agrícola que pidió beneficios por gracia para exonerados políticos, en virtud de la ley N° 19.234. Consideró que el vínculo laboral con la Sociedad Agrícola de la Reforma Agraria podía estimarse acreditado mediante una póliza de inscripción en el Servicio de Seguro Social, instrumento de fecha cierta coetáneo al desempeño invocado. Recordó que la calificación del carácter político de la exoneración y el otorgamiento de los beneficios corresponden de forma privativa al Presidente de la República, asesorado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la O.E.P.. En consecuencia, remitió los antecedentes a esa Secretaría de Estado para que la O.E.P. emita un nuevo pronunciamiento sobre los beneficios que eventualmente correspondan al peticionario.
Normas citadas
ley 19234 art/3
ley 19234 art/9
ley 19234 art/10
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Se puede acreditar un vínculo laboral para efectos de beneficios por exonerados políticos con una póliza de inscripción en el Servicio de Seguro Social?
En este caso, la Contraloría General de la República estimó que el vínculo laboral podía considerarse acreditado mediante una póliza de inscripción en el Servicio de Seguro Social, por tratarse de un instrumento de fecha cierta y coetáneo al desempeño invocado.
¿Quién decide si una exoneración tiene carácter político y si corresponden beneficios por gracia a un exonerado político?
En este caso, la Contraloría recordó que esa calificación y el otorgamiento de los beneficios corresponden de forma privativa al Presidente de la República, asesorado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la O.E.P.
¿Qué ocurre con una solicitud de beneficios de exonerado político que la Contraloría no puede resolver directamente?
En este caso, la Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que la O.E.P. emita un nuevo pronunciamiento sobre los beneficios que eventualmente correspondan al peticionario.
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