Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la destrucción de los expedientes de ejecución de sanciones previstas en la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal adolescente. El dictamen concluye que el expediente debe cerrarse una vez cumplida la sanción privativa de libertad o, si fue sustituida, transcurrido un año desde el cumplimiento de la nueva medida, y que puede ser eliminado en ese momento. Para las sanciones no privativas de libertad aplica el mismo criterio, al término del programa respectivo. La razón es que, como la ley no fija plazos ni prevé una finalidad para conservar el expediente cerrado, rige la ley N° 19.628 sobre protección de datos personales, que prohíbe usar antecedentes para fines distintos a los de su recolección y ordena eliminarlos cuando su almacenamiento carece de fundamento legal. Salvo que exista una norma especial que ordene su conservación. Además, se señala que el Sename mantiene sus funciones en la materia hasta la plena entrada en vigencia de la ley N° 21.527, tras lo cual el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil será su sucesor legal, y que dicha ley contempla un sistema de información con un expediente único de ejecución.