La Contraloría General de la República dictaminó que no procede financiar con recursos…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2026
Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que no procede financiar con recursos públicos el pago de la indemnización por años de servicio derivada del despido por necesidades de la empresa, cuando el objetivo es recontratar al mismo personal. Ello, porque dicha práctica desnaturaliza el beneficio, transformándolo en una liberalidad irregular, y vulnera los principios de legalidad del gasto, eficiencia y eficacia en el manejo de fondos fiscales. El dictamen rechazó la solicitud de invalidación presentada por la recurrente, confirmando la decisión de la Dirección Regional, al considerar que los recursos estatales deben destinarse exclusivamente a la finalidad pública que justifica su entrega, en este caso, la atención de menores beneficiarios de un proyecto subvencionado.
Normas citadas
Ley 21302 art/6 lt/h
ley 21302 art/8 lt/d
ley 21302 art/58
ley 21302 art/tercero tran inc/4
ley 20032 art/1 inc/1
ley 20032 art/3 inc/1
ley 20032 art/25
DTO 841/2005 justi art/65 inc/1
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Qué principios del gasto público se vulneran al usar fondos fiscales para pagar indemnizaciones de personal que luego se recontrata?
En este caso, el organismo consideró que se vulneran los principios de legalidad del gasto, eficiencia y eficacia en el manejo de fondos fiscales. Por ello, rechazó la solicitud de invalidación y confirmó la decisión de la Dirección Regional.
¿Procede la invalidación de un dictamen de la Contraloría que rechazó el financiamiento con fondos públicos de indemnizaciones por años de servicio?
En este caso, la Contraloría rechazó la solicitud de invalidación presentada por la recurrente y mantuvo la decisión de la Dirección Regional. Concluyó que los fondos de un proyecto subvencionado deben usarse para la atención de sus beneficiarios.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.