El Consejo para la Transparencia conoció un amparo interpuesto contra la Municipalidad…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo interpuesto contra la Municipalidad de Puerto Montt por la negativa a entregar copia del nombramiento de una funcionaria como Inspectora General de una escuela municipal. El órgano municipal alegó que no contaba con los documentos requeridos, pues el decreto respectivo aún no había sido dictado. El Consejo rechazó el amparo, por estimar que no existían antecedentes que permitieran desvirtuar esa afirmación, y desestimó asimismo la reserva invocada por afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano y a su privilegio deliberativo. Además, remitió los antecedentes a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre las alegaciones municipales relativas a la existencia de numerosos decretos de nombramiento o actos administrativos pendientes.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Oficio N° 6692
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un organismo público dice que no tiene un documento que se le pidió por transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo porque no había antecedentes que permitieran desvirtuar la afirmación de la municipalidad de que el decreto de nombramiento aún no había sido dictado. Así, la negativa basada en la inexistencia del documento fue considerada válida.
¿Un municipio puede negarse a entregar información invocando la reserva por afectación al debido cumplimiento de sus funciones o su privilegio deliberativo?
En este caso, el Consejo desestimó ambas causales de reserva que invocó la municipalidad, por lo que no aceptó que estas justificaran denegar el acceso a la información solicitada sobre el nombramiento.
¿Qué hace el Consejo para la Transparencia si un organismo alega que existen muchos decretos o actos administrativos pendientes?
En este caso, el Consejo remitió los antecedentes a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre las alegaciones municipales relativas a la existencia de numerosos decretos de nombramiento o actos administrativos pendientes.
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