La Corte Suprema conoció de una apelación en materia de protección de derechos, en la q…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema conoció de una apelación en materia de protección de derechos, en la que se discutía la negativa de los padres a vacunar a su hija conforme al Programa Nacional de Inmunizaciones. La Corte de Apelaciones de Santiago había acogido el recurso, estableciendo que existía una omisión ilegal y arbitraria de los recurridos, y la Corte Suprema confirmó esa decisión. El tribunal razonó que los certificados médicos particulares presentados no constituían una contraindicación médica específica ni validada por la autoridad sanitaria, y que la orden se limitaba a las vacunas obligatorias según la edad de la niña. Además, recordó que los artículos 32 y 8 del Código Sanitario facultan al Servicio Nacional de Salud y al Director de Salud para adoptar medidas que controlen el cumplimiento de la vacunación obligatoria, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública. En consecuencia, se confirmó la sentencia apelada, disponiendo que su ejecución se rija por dichas normas sanitarias.
¿Puede un padre negarse a vacunar a su hijo invocando certificados médicos particulares?
En este caso, la Corte Suprema confirmó que los certificados médicos particulares no constituyen una contraindicación médica específica ni validada por la autoridad sanitaria, por lo que la negativa de los padres fue considerada una omisión ilegal y arbitraria.
¿Qué facultades tiene la autoridad sanitaria para exigir el cumplimiento de la vacunación obligatoria?
La Corte Suprema recordó que los artículos 32 y 8 del Código Sanitario facultan al Servicio Nacional de Salud y al Director de Salud para adoptar medidas que controlen el cumplimiento de la vacunación obligatoria, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública.
¿Procede el recurso de protección contra padres que se niegan a vacunar a sus hijos según el Programa Nacional de Inmunizaciones?
En este caso, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió el recurso de protección, estableciendo que la negativa a vacunar conforme al Programa Nacional de Inmunizaciones constituye una omisión ilegal y arbitraria.
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