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En el requerimiento Rol 11.251-21-INA, la recurrente cuestionó constitucionalmente la e…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

En el requerimiento Rol 11.251-21-INA, la recurrente cuestionó constitucionalmente la eventual inhabilitación para contratar con entidades públicas que podría derivarse de su condena por infracción a derechos fundamentales de un trabajador, y su inclusión en el registro de proveedores. El Tribunal sostuvo que la afectación de sus derechos sólo podría plantearse en la etapa de ejecución de un fallo ya ejecutoriado, dado que el problema se vincula con el derecho administrativo y no tiene efecto en la relación laboral. Concluyó que el acto administrativo que inhabilite a la requirente por dos años podrá impugnarse por las vías administrativas o judiciales correspondientes. Una de las ministras sostuvo en voto de disidencia que debió desestimarse el requerimiento. El registro oficial consigna el resultado como acogimiento parcial, situación que el texto final no permite confirmar con precisión.

Normas citadas

  • artículo 294BIS, de Código del Trabajo
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso primero, numeral 7, letra b)
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 16
  • Constitución Política, artículo 38 bis, inciso segundo
Tribunal ConstitucionalINACompras públicasPrincipio non bis in ídemprincipio proporcionalidad de la sancion administrativaSanciones AdministrativasPrincipio protector del trabajo

Preguntas frecuentes

¿Qué vías tiene una empresa para impugnar la inhabilitación de dos años para contratar con entidades públicas?

En este caso, el Tribunal concluyó que el acto administrativo que inhabilite a la requirente por dos años podrá impugnarse por las vías administrativas o judiciales correspondientes.

¿Cómo quedó resuelto el requerimiento Rol 11.251-21-INA ante el Tribunal Constitucional?

El registro oficial consigna el resultado como acogimiento parcial, pero el texto final no permite confirmarlo con precisión, y una ministra votó en disidencia sosteniendo que debió desestimarse el requerimiento.

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