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El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad del artículo 1, i…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad del artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, declarando que la norma es contraria a la Constitución en el caso concreto. La decisión se fundó en que la disposición vulnera el principio de igualdad ante la ley (artículo 19 N°2) y el principio de proporcionalidad de las penas (artículo 19 N°3), al establecer la privación de libertad como única opción para ciertos delitos, sin permitir penas sustitutivas que también cumplen fines de reinserción social y protección de la víctima. El Tribunal consideró que la exclusión de estas alternativas resulta desproporcionada e inidónea, afectando el derecho a un procedimiento racional y justo, y que el derecho a punir del Estado debe respetar la dignidad humana y la finalidad de reinserción social.

Normas citadas

  • artículo 294BIS, de Código del Trabajo
  • artículo 495, inciso 3, de Código del Trabajo
  • Constitución Política, artículo 3, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
Tribunal ConstitucionalINADeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaDominio Máximo LegalIgualdad En La LeyIncompatibilidad De ParlamentarioLibertad Y Protección Del Trabajo

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que la ley imponga la privación de libertad como única opción en ciertos delitos, sin permitir alternativas como penas sustitutivas?

En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que esa exclusión resulta desproporcionada e inidónea, porque impide alternativas que también promueven la reinserción social. Por eso concluyó que la disposición no puede aplicarse al caso concreto.

¿Qué límites impone la dignidad humana y la reinserción social al derecho a punir del Estado según el Tribunal Constitucional?

En este caso, el Tribunal sostuvo que el derecho a punir del Estado debe respetar la dignidad humana y la finalidad de reinserción social. Estimó que una regla que excluye penas sustitutivas sin considerar esos fines afecta además el derecho a un procedimiento racional y justo.

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