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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886, que establece una inhabilidad para contratar con la Administración del Estado. La resolución acoge el requerimiento. La mayoría sostiene que aplicar esa norma a una empresa estatal, en el caso concreto y considerando el rol que cumple la institución bancaria del Estado y los efectos perjudiciales que produciría la inhabilidad, vulnera la igualdad ante la ley en su variante de discriminación arbitraria. Un ministro concurre con una prevención, según la cual no consta infracción a valores de competencia desleal ni a la buena fe en la contratación, ni afectación a derechos fundamentales de los trabajadores, por lo que la aplicación de la norma a una empresa del Estado constituye discriminación arbitraria. La ministra S.G. disiente.

Normas citadas

  • artículo 495, inciso 3, de Código del Trabajo
  • Constitución Política, artículo 3, inciso primero
Tribunal ConstitucionalINACompras públicasPrincipio non bis in ídemSanciones AdministrativasPrincipio protector del trabajoPrincipio de proporcionalidad de la sanción administrativa

Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable la inhabilidad del artículo 4° de la Ley N° 19.886 para contratar con la Administración del Estado?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad y sostuvo que aplicar esa inhabilidad a una empresa estatal, considerando el rol de la institución bancaria del Estado y los efectos perjudiciales que produciría, vulnera la igualdad ante la ley como discriminación arbitraria. Una ministra disintió.

¿Se vulnera la igualdad ante la ley si se aplica una inhabilidad de contratación pública a una empresa del Estado?

En este caso, la mayoría del Tribunal Constitucional concluyó que sí, porque la aplicación de la norma a la empresa estatal resultaba una discriminación arbitraria atendida su función pública y las consecuencias de la inhabilidad. Un ministro concurrió con una prevención que sostuvo que no constaban infracciones a la competencia ni a la buena fe.

¿Qué criterios usa el Tribunal Constitucional para decidir si una inhabilidad para contratar con el Estado es discriminatoria?

En este caso, el Tribunal consideró el rol que cumple la institución bancaria del Estado y los efectos perjudiciales que produciría la inhabilidad en el caso concreto. La prevención añadió que no había infracción a valores de competencia desleal ni a la buena fe en la contratación.

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