Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de reincorporación de un ex funcionario de la Dirección del Trabajo, destituido tras un sumario administrativo por hechos vinculados a solicitar y aceptar bienes y dinero de empresas de la zona, ofrecer revisión de documentación laboral a cambio de arreglos, no cursar multas y emitir certificados sin registrar un reclamo. Posteriormente, el Ministerio Público decidió no perseverar en el procedimiento penal por falta de antecedentes suficientes para acusar, y se sobreseyó definitivamente, sin que ello implicara que los hechos no fueran constitutivos de delito. El órgano concluyó que no se cumplían los requisitos del inciso primero del artículo 120 del Estatuto Administrativo para la reincorporación, criterio coherente con el dictamen N° 24.677, de 2009. Asimismo, indicó que, conforme al inciso segundo de ese artículo, el afectado puede pedir la reapertura del sumario ante la autoridad que lo sancionó.