Resumen
La Contraloría General de la República rechazó una reconsideración presentada por una exservidora del Registro Civil e Identificación que había sido destituida y cuyo proceso penal terminó con sobreseimiento definitivo. Se acreditó que no abonó la recaudación diaria de una unidad durante 39 días, pese a estar autorizada para retirarse anticipadamente con ese fin, y que mantuvo en su domicilio la suma de $1.232.970 sin depositarla, vulnerando gravemente el principio de probidad administrativa. El organismo distinguió que la investigación penal versaba sobre una eventual apropiación de dineros, materia distinta de las faltas administrativas que fundaron la sanción. Por ello, concluyó que no concurrían los requisitos del inciso primero del artículo 120 del Estatuto Administrativo para la reincorporación, pues la destitución no derivó exclusivamente de hechos constitutivos de delito. Respecto de la reapertura del sumario, señaló que debe solicitarse ante el Servicio de Registro Civil e Identificación.