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La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 1.599…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 1.599, de 2011, del Hospital San Juan de Dios, que aprobó el contrato de prestación de servicios de alimentación con la empresa Central de Restaurantes Aramark Limitada, adjudicado mediante licitación pública convocada por resolución del mismo hospital. El organismo fiscalizador la devolvió sin tramitar por no ajustarse a derecho. Para ello, constató que, pese a reiteradas solicitudes, no se acompañó la escritura pública citada en el contrato que acreditaba la personería de los representantes de la empresa. Además, advirtió que el contrato omitió una obligación de las bases administrativas, consistente en que la empresa acredite contar con personal profesional nutricionista o técnico en alimentación y personal operativo con experiencia en alimentación colectiva y hospitalaria, según las bases técnicas.

Normas citadas

  • Resolución N° 1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Contraloría dar curso a un contrato administrativo si no se acredita la personería de los representantes de la empresa contratista?

En este caso, la Contraloría se abstuvo de tramitar la resolución que aprobó el contrato, porque pese a reiteradas solicitudes no se acompañó la escritura pública que acreditaba la personería de los representantes de la empresa.

¿Qué sucede si un contrato de licitación pública omite una obligación establecida en las bases administrativas?

En este caso, la Contraloría advirtió que el contrato omitió exigir a la empresa acreditar personal nutricionista o técnico en alimentación y personal operativo con experiencia en alimentación colectiva y hospitalaria, conforme a las bases técnicas.

¿Cuándo devuelve la Contraloría una resolución de aprobación de contrato sin tramitarla?

En este caso, el organismo devolvió sin tramitar la resolución del hospital porque no se ajustaba a derecho, al faltar la escritura pública de personería y omitirse una obligación de las bases administrativas.

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