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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación del artículo 26…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2020

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación del artículo 26 de la ley N° 21.192, que impide percibir dietas u otra remuneración adicional por integrar consejos o juntas directivas en razón del cargo. El dictamen concluye que la norma alcanza sólo a los funcionarios que, por las normas que rigen su empleo, deben integrar esos órganos, pues ello forma parte de sus obligaciones y ya está retribuido por su remuneración. En cambio, quienes son designados para esas funciones sin estar obligados por su cargo deben ser remunerados por ellas, debiendo prolongar su jornada para compensar las horas no trabajadas. Lo anterior se funda en la compatibilidad de cargos que reconoce el artículo 87 de la ley N° 18.834, que considera la integración de consejos u órganos estatales como un cargo distinto.

Normas citadas

  • ley 18834 art/87 lt/c
  • ley 18834 art/88
  • ley 21192 art/26
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Un funcionario público puede recibir dietas por integrar un consejo o junta directiva si su cargo lo obliga a hacerlo?

No. En este dictamen, la Contraloría sostuvo que el artículo 26 de la ley N° 21.192 alcanza a los funcionarios que deben integrar esos órganos por las normas que rigen su empleo, porque esa función ya forma parte de sus obligaciones y está retribuida con su remuneración.

¿Qué ocurre si un funcionario es designado en un consejo u órgano sin que su cargo lo obligue a integrarlo?

En este caso, la Contraloría concluyó que esas personas sí deben ser remuneradas por la función, y que deben prolongar su jornada para compensar las horas no trabajadas en su cargo principal.

¿Por qué la integración de consejos u órganos estatales puede ser compatible con un cargo público?

La Contraloría se fundó en el artículo 87 de la ley N° 18.834, que reconoce la compatibilidad de cargos y considera la integración de consejos u órganos estatales como un cargo distinto, lo que sustenta el criterio del dictamen.

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