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La Contraloría General de la República se abstuvo de pronunciarse sobre un reclamo pres…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se abstuvo de pronunciarse sobre un reclamo presentado por un exfuncionario de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), quien sostenía que el servicio no había cumplido una orden de no innovar dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago. El exfuncionario alegaba que no fue reincorporado a sus labores ni se le pagaron íntegramente las remuneraciones correspondientes. El organismo fundó su decisión en los artículos 76 de la Constitución Política y 6° de la ley N° 10.336, y en su dictamen previo N° 57.939, de 2011, señalando que corresponde a los tribunales de justicia determinar el alcance de sus resoluciones. Por ello, consideró improcedente interpretar una decisión judicial y resolvió abstenerse de informar sobre lo solicitado.

Normas citadas

  • Pol art/76
  • ley 10336 art/76
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Contraloría pronunciarse sobre si un servicio público cumplió una orden de no innovar dictada por una Corte de Apelaciones?

En este caso, la Contraloría General de la República se abstuvo de pronunciarse, porque sostuvo que corresponde a los tribunales de justicia determinar el alcance de sus propias resoluciones. Por ello, consideró improcedente interpretar la decisión judicial.

¿Qué debe hacer un funcionario que alega que su servicio no cumplió una orden judicial de reincorporación?

En este caso, el organismo indicó que la controversia sobre el cumplimiento de la orden judicial debe resolverse ante los tribunales de justicia y no ante la Contraloría. Así, no emitió un pronunciamiento sobre la reincorporación ni sobre el pago de remuneraciones.

¿En qué normas se funda la Contraloría para no interpretar resoluciones judiciales?

En este caso, el organismo fundó su abstención en los artículos 76 de la Constitución Política y 6° de la ley N° 10.336, así como en su dictamen previo N° 57.939, de 2011. Con ello reafirmó que la interpretación de decisiones judiciales corresponde a los tribunales.

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