La Contraloría General de la República se abstuvo de pronunciarse sobre consultas formu…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2013
Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de pronunciarse sobre consultas formuladas por un asistente administrativo de una empresa adjudicada en una licitación de la Defensoría Penal Pública, quien reclamaba además falta de respuesta de la defensoría local. El organismo concluyó que los trabajadores de estas empresas privadas no son funcionarios públicos, por lo que la materia relativa a su relación contractual corresponde a la Dirección del Trabajo o a los tribunales laborales competentes. Añadió que la regulación de los contratos de prestación de servicios de defensa penal está en la ley N° 19.718, cuyo control se ejerce mediante inspecciones, auditorías externas, informes y reclamaciones previstos en su Título VI.
Normas citadas
ley 19718 Tit/VI
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿La Contraloría puede pronunciarse sobre la relación laboral de un trabajador de una empresa adjudicada en una licitación de la Defensoría Penal Pública?
En este caso, la Contraloría se abstuvo de pronunciarse, porque concluyó que los trabajadores de estas empresas privadas no son funcionarios públicos. Por ello, la materia sobre su relación contractual corresponde a la Dirección del Trabajo o a los tribunales laborales competentes.
¿Cómo se controlan los contratos de prestación de servicios de defensa penal regulados por la ley 19.718?
Según este dictamen, la ley 19.718 regula estos contratos y su control se ejerce mediante inspecciones, auditorías externas, informes y reclamaciones previstos en su Título VI. La Contraloría recordó este marco al concluir que no era competente para resolver la materia laboral.
¿Qué debe hacer un trabajador de una empresa adjudicada por la Defensoría Penal Pública si no recibe respuesta de la defensoría local?
En este caso, la Contraloría no entró a resolver la falta de respuesta de la defensoría local, dado que se abstuvo de pronunciarse sobre las consultas. El dictamen sostiene que los conflictos sobre la relación contractual deben tramitarse ante la Dirección del Trabajo o los tribunales laborales.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2010
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