La Corte Suprema conoció un recurso de amparo interpuesto en favor de un ciudadano extr…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema conoció un recurso de amparo interpuesto en favor de un ciudadano extranjero contra el Servicio Nacional de Migraciones, que había rechazado su solicitud de residencia temporal y ordenado su abandono del país por falta de antecedentes completos. El tribunal consideró que la autoridad actuó arbitrariamente al no otorgar un plazo razonable para subsanar las deficiencias, en contravención de los artículos 3 y 7 de la Ley N° 21.325, que obligan al Estado a proteger los derechos humanos de los extranjeros y a asegurar un procedimiento racional y justo. Por ello revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, acogió el amparo, dejó sin efecto el acto administrativo impugnado y ordenó a la repartición otorgar un nuevo plazo de 60 días para acompañar los documentos faltantes, debiendo luego pronunciarse sobre la solicitud.
Normas citadas
Ley 21325 art. 3
Ley 21325 art. 7
Constitución Política de la República de Chile art. 21
Falta de razonabilidad de la decisiónProcedimiento racional y justoDesproporcionalidad de la medidaAmparos extranjeríaAcción de amparoAbandono del paísAfectación de la libertad personalServicio nacional de migraciones
Preguntas frecuentes
¿Qué efectos tiene un recurso de amparo contra una decisión administrativa migratoria que ordena el abandono del país?
En este caso, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, acogió el amparo y dejó sin efecto el acto administrativo impugnado. Además, ordenó a la repartición otorgar un nuevo plazo para completar la documentación y luego pronunciarse sobre la solicitud.
¿Qué obligaciones impone la Ley 21.325 de migración y extranjería al Estado en los procedimientos administrativos que afectan a extranjeros?
En este caso, la Corte Suprema señaló que los artículos 3 y 7 de la Ley N° 21.325 obligan al Estado a proteger los derechos humanos de los extranjeros y a asegurar un procedimiento racional y justo. Estimó que incumplir esas exigencias, al no conceder plazo para subsanar, vulnera esa protección.
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