Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó sobre un reclamo vinculado a un sumario administrativo de la Dirección de Vialidad relacionado con un contrato de conservación de caminos en la VI Región. El organismo constató que no se habían agotado las diligencias, especialmente respecto de los requisitos exigidos para designar al residente de la obra, pese a que no existía norma que impidiera contratar a una persona condenada a pena remitida. Por ello, ordenó a la autoridad disponer la reapertura del proceso disciplinario para completar la investigación. Desestimó la responsabilidad atribuida al fiscal por incumplir instrucciones de la auditora ministerial, porque excedían sus atribuciones, y aclaró que la repetición de copias de una resolución de suspensión preventiva era un efecto de su notificación. Asimismo, rechazó los alegatos sobre errores de compaginación, al considerar que, conforme al artículo 144 de la ley N° 18.834, no afectaban la legalidad del sumario.