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La Contraloría General de la República dictaminó que la designación de un funcionario d…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República dictaminó que la designación de un funcionario de Gendarmería de Chile en una contrata asimilada a un grado inferior se ajustó a derecho, pues la superioridad consideró que las nuevas labores asignadas en el D.S.P. eran de menor complejidad y responsabilidad que las anteriores, circunstancia consignada en el acto de designación. Respecto del pago, el organismo precisó que, conforme a la Ley N° 18.834, la asunción de funciones es el elemento que perfecciona la relación funcionarial, por lo que corresponde pagar las remuneraciones desde la fecha en que el funcionario asumió el nuevo empleo. Asimismo, descartó que las medidas reclamadas constituyeran acoso laboral, por no existir denuncia formal y por tratarse de determinaciones adoptadas en el ejercicio de las facultades de la superioridad.

Normas citadas

  • ley 18834 art/86
  • ley 18834 art/10
  • ley 18834 art/16 inc/1
  • ley 18834 art/93
  • ley 18834 art/94
  • ley 18834 art/84 lt/m
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Es legal designar a un funcionario público en una contrata asimilada a un grado inferior al que tenía?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que sí, porque la superioridad consideró que las nuevas labores asignadas en el organismo eran de menor complejidad y responsabilidad que las anteriores, lo que quedó consignado en el acto de designación.

¿Desde cuándo se deben pagar las remuneraciones a un funcionario público que cambia de empleo según la Ley 18.834?

En este caso, el organismo precisó que, conforme a la Ley N° 18.834, la asunción de funciones es el elemento que perfecciona la relación funcionarial, por lo que las remuneraciones deben pagarse desde que el funcionario asumió el nuevo empleo.

¿Constituyen acoso laboral las medidas adoptadas por la superioridad contra un funcionario público?

En este caso, la Contraloría descartó que las medidas reclamadas constituyeran acoso laboral, por no existir una denuncia formal y por tratarse de determinaciones adoptadas en el ejercicio de las facultades de la superioridad.

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