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La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso al decreto N° 116, de 20…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

Resumen

La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso al decreto N° 116, de 2010, del Ministerio de Salud, que elevaba la sanción propuesta por el Contralor respecto de un ex Director de la Central de Abastecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud. El decreto aplicaba una multa equivalente al 15% de la remuneración mensual del servidor, pero el organismo lo consideró no ajustado a derecho, porque en el sumario no se le permitió interponer los recursos del artículo 141 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Para fundarlo, el dictamen recoge su jurisprudencia reciente, según la cual las normas de la ley N° 10.336 y del Reglamento de Sumarios regulan sólo las fases de iniciación e instrucción, mientras que la finalización y la impugnación se rigen por el Estatuto Administrativo. En consecuencia, la autoridad deberá dictar la resolución exenta que aplique la medida, notificarla al afectado para que ejerza sus recursos y, una vez vencido el plazo o resueltos éstos, emitir el acto de término para control preventivo de legalidad.

Normas citadas

  • ley 10336 Tit/VIII
  • Res 236/98 Contr
  • ley 18834 art/141 dfl 29/2004 hacie
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué normas regulan la etapa de finalización de un sumario administrativo y la impugnación de la sanción?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la ley N° 10.336 y el Reglamento de Sumarios regulan sólo las fases de iniciación e instrucción, mientras que la finalización y la impugnación se rigen por el Estatuto Administrativo.

¿Qué debe hacer la autoridad cuando el decreto de sanción en un sumario no se ajusta a derecho por falta de recursos al afectado?

En este caso, la Contraloría ordenó dictar una resolución exenta que aplique la medida, notificarla al afectado para que ejerza sus recursos y, vencido el plazo o resueltos éstos, emitir el acto de término para control preventivo de legalidad.

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