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La Contraloría General de la República representó la resolución N° 5.595, de 2010, del…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

Resumen

La Contraloría General de la República representó la resolución N° 5.595, de 2010, del Instituto de Neurocirugía, que aplicaba la medida disciplinaria de censura a un funcionario del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, tras un sumario administrativo. El órgano de control estimó que la medida no se ajusta a derecho, pues los hechos imputados —emplear dinero o bienes de la institución en provecho propio o de terceros— constituyen una grave vulneración al principio de probidad administrativa, sancionable con destitución conforme al artículo 125, inciso segundo, de la Ley N° 18.834. Si la autoridad estima que los hechos no constituyen falta grave, debe fundarlo expresamente en el acto de término, según lo señalado en los dictámenes N° 2.890, de 2007, y 6.971, de 2010. En consecuencia, se remiten los antecedentes para que la repartición subsane la objeción.

Normas citadas

  • ley 18834 art/61 lt/g
  • ley 18575 art/62 num/3 ley 18834 art/125 inc/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede aplicarse la censura a un funcionario público por emplear bienes de la institución en provecho propio?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la censura no se ajusta a derecho, porque emplear bienes institucionales en provecho propio o de terceros constituye una grave vulneración al principio de probidad, sancionable con destitución conforme al artículo 125, inciso segundo, de la Ley N° 18.834.

¿Qué debe hacer la autoridad si estima que los hechos no constituyen falta grave y no aplica la destitución?

Según este dictamen, la autoridad debe fundarlo expresamente en el acto de término, citando la jurisprudencia de la Contraloría que el propio documento menciona en sus dictámenes N° 2.890, de 2007, y 6.971, de 2010.

¿Qué efecto tiene la objeción de la Contraloría sobre una resolución disciplinaria ya dictada?

En este caso, la Contraloría remitió los antecedentes para que la repartición subsane la objeción, es decir, corrija la resolución que aplicó la censura.

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