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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el que una empresa cuestionaba disposiciones del Código del Trabajo relativas a la condena por prácticas antisindicales y su incorporación en el registro de proveedores del Estado. La mayoría de la Magistratura resolvió desestimar el requerimiento, al concluir que los preceptos impugnados no son decisorios litis, pues el registro de sentencias condenatorias que lleva la Dirección del Trabajo sólo produce efectos en la etapa de ejecución de un fallo ya ejecutoriado. Según el razonamiento, los reproches formulados eran abstractos y el eventual perjuicio, que se vincula con el derecho administrativo, podrá impugnarse por las vías administrativas o judiciales correspondientes. Una minoría de ministros, que redactó la disidencia, sostuvo lo contrario.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
Tribunal ConstitucionalINAAcciones ConstitucionalesAdministracion PublicaAfectacion De Los Derechos En Su EsenciaAtribuciones Del Congreso NacionalDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Integridad Fisica Y Psiquica

Preguntas frecuentes

¿Cuándo se considera que un reproche de inconstitucionalidad es abstracto y no procede en un requerimiento de inaplicabilidad?

En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que los reproches formulados eran abstractos, porque el eventual perjuicio se vinculaba con el derecho administrativo y podía impugnarse por las vías administrativas o judiciales correspondientes.

¿Cuál es la vía para reclamar los efectos del registro de empresas condenadas por prácticas antisindicales en el registro de proveedores del Estado?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el eventual perjuicio podrá impugnarse por las vías administrativas o judiciales correspondientes, y no mediante un requerimiento de inaplicabilidad ante esa magistratura.

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