Un trabajador interpuso recurso de protección contra la Superintendencia de Salud por l…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
Un trabajador interpuso recurso de protección contra la Superintendencia de Salud por la resolución que confirmó el rechazo de sus licencias médicas y del subsidio por incapacidad laboral. La autoridad recurrida sostuvo que actuó dentro de sus competencias. La Corte Suprema analizó el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 y la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, que atribuyen a la Superintendencia facultades de fiscalización y decisión sobre licencias médicas. Consideró que, cuando la documentación médica es suficiente, la falta de exámenes complementarios no implica falta de motivación ni arbitrariedad, y destacó que los plazos legales para pronunciarse limitan la posibilidad de realizar peritajes adicionales. Concluyó que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad que vulnerara las garantías invocadas, y rechazó el recurso, confirmando la sentencia apelada.
¿La Superintendencia de Salud puede rechazar una licencia médica sin realizar exámenes complementarios al trabajador?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que, cuando la documentación médica es suficiente, la falta de exámenes complementarios no implica falta de motivación ni arbitrariedad. Además, los plazos legales para pronunciarse limitan la posibilidad de realizar peritajes adicionales.
¿Es ilegal que la Superintendencia de Salud rechace licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral?
En este caso, la Corte Suprema concluyó que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad, pues la Superintendencia actuó dentro de las facultades de fiscalización y decisión que le atribuyen el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 y la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691.
¿Cuándo procede un recurso de protección contra una resolución que rechaza una licencia médica?
En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso de protección y confirmó la sentencia apelada, al estimar que la resolución de la Superintendencia de Salud no vulneraba las garantías constitucionales invocadas por el trabajador.
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