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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra el Servicio de Salud…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra el Servicio de Salud Libertador Bernardo O'Higgins, que había negado el acceso a documentos relativos a la desvinculación de una exfuncionaria. El Consejo sostuvo que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que obliga a los órganos de la Administración del Estado a transparentar sus actuaciones ante la ciudadanía. Por aplicación del principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia, ordenó la entrega de los antecedentes con tarja de los datos personales y sensibles de contexto, conforme a la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Si alguna información solicitada no obra en poder del órgano, deberá comunicarlo al reclamante y al Consejo, fundamentando las razones. Se ordenó cumplir en cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento del artículo 46 de la ley.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Un órgano de la Administración del Estado puede negar el acceso a documentos sobre la desvinculación de un funcionario alegando que son privados?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra un Servicio de Salud que había negado ese acceso. Sostuvo que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, por lo que ordenó entregar los antecedentes.

¿Qué significa el principio de divisibilidad en la Ley de Transparencia y cómo se aplica si hay datos personales en un documento?

En este caso, el Consejo aplicó el principio de divisibilidad y ordenó entregar los antecedentes con tarja de los datos personales y sensibles de contexto, conforme a la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Así, la información pública se entrega sin revelar datos protegidos.

¿Qué debe hacer un órgano público si no tiene en su poder la información que le solicitan por transparencia?

En este caso, el Consejo sostuvo que el órgano debe comunicarlo al reclamante y al Consejo, fundamentando las razones por las que no obra en su poder. También se ordenó cumplir la decisión en cinco días hábiles desde que quede ejecutoriada, bajo apercibimiento del artículo 46 de la ley.

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