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La Contraloría General de la República tomó razón de decretos de la Universidad de Tara…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República tomó razón de decretos de la Universidad de Tarapacá que aceptaron renuncias voluntarias de funcionarios no académicos motivadas en la percepción de una asignación establecida por decreto universitario. El organismo concluyó que la universidad no puede crear beneficios de seguridad social, pues según la Constitución solo una ley de quórum calificado puede establecerlos, y que la asignación no es remuneración porque se adquiere por el cese voluntario y no por el desempeño del cargo. Por ello determinó que su pago no es procedente. No obstante, como las renuncias se produjeron de buena fe, por un error de la Administración, cursó los actos para que los ex servidores puedan gozar del beneficio, y ordenó a la universidad dejar sin efecto el decreto que lo fijaba.

Normas citadas

  • dfl 150/81 Educa art/4 lt/p
  • ley 18834 art/3 lt/e
  • Pol art/19 num/18
  • Pol art/63 num/4
  • Pol art/65 inc/4 num/6
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Una universidad estatal puede crear por decreto una asignación de retiro para funcionarios no académicos que renuncian voluntariamente?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no, porque la Constitución exige una ley de quórum calificado para establecer beneficios de seguridad social, y la universidad no puede crearlos por decreto. Por eso ordenó dejar sin efecto el decreto que fijaba la asignación.

¿Una asignación pagada al momento de renunciar voluntariamente es considerada remuneración?

En este caso, el organismo sostuvo que no es remuneración, porque se adquiere por el cese voluntario del funcionario y no por el desempeño del cargo. Por ello determinó que su pago no era procedente.

¿Qué ocurre con los funcionarios que renunciaron de buena fe confiando en un beneficio que luego resulta improcedente?

En este caso, la Contraloría determinó que, como las renuncias se produjeron de buena fe por un error de la Administración, cursó los actos para que los ex servidores puedan gozar del beneficio. Es decir, se les reconoció pese a la improcedencia del pago.

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