El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información interpuest…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información interpuesto en contra del Servicio Electoral. Se discutía la entrega de las autorizaciones de propaganda electoral en espacios privados, en la comuna de El Monte, de los candidatos electos indicados, información de carácter público que el órgano había accedido a entregar pero que no acreditó haber remitido al solicitante. Respecto de otra parte de la solicitud, relativa a una resolución dictada en el marco de una denuncia ciudadana con reserva de identidad ante la Contraloría General de la República, el Consejo estimó que ese organismo estaba en mejor posición para pronunciarse y ordenó derivar esa parte de la solicitud a la Contraloría, en aplicación del principio de facilitación. Asimismo, representó al Servicio Electoral la falta de respuesta dentro del plazo legal y la omisión de derivación oportuna, para que adopte medidas que eviten su reiteración. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoGrupos de interés especial
Preguntas frecuentes
¿Procede el amparo de acceso a la información si el organismo dice que entregó la información pero no acredita haberla remitido?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo, porque el Servicio Electoral había accedido a entregar información pública sobre autorizaciones de propaganda electoral pero no acreditó haberla remitido al solicitante.
¿Qué ocurre si una parte de la solicitud de acceso a la información corresponde a un organismo que está en mejor posición para responderla?
En este caso, el Consejo estimó que la Contraloría General de la República estaba en mejor posición para pronunciarse sobre la parte relativa a una resolución dictada en una denuncia ciudadana, y ordenó derivarla en aplicación del principio de facilitación.
¿Qué consecuencias tiene que un organismo público no responda una solicitud dentro del plazo legal ni la derive oportunamente?
En este caso, el Consejo representó al Servicio Electoral la falta de respuesta dentro del plazo legal y la omisión de derivación oportuna, para que adopte medidas que eviten su reiteración. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
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