El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2023
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 8° inciso primero de la Ley N° 17.322, que exige consignar la suma total de la condena para poder apelar en la cobranza judicial de cotizaciones previsionales. Por mayoría, el Tribunal resolvió acoger el requerimiento y declarar inaplicable dicho precepto en la gestión judicial pendiente, por vulnerar el derecho a un proceso racional y justo y el acceso a la justicia. Estimó que la naturaleza de las cotizaciones y la finalidad de agilizar el cobro no justifican supeditar la revisión de la sentencia de primera instancia al pago previo del total impuesto, ya que revisar la apelación no impide el cobro de lo efectivamente adeudado. La sentencia fue redactada por la Ministra D.M. y contó con una disidencia del Ministro J.I.V..
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional exigir el pago de la totalidad de la condena para apelar en una cobranza judicial de cotizaciones previsionales?
En este caso, el Tribunal Constitucional, por mayoría, declaró inaplicable el artículo 8° inciso primero de la Ley N° 17.322 en la gestión judicial pendiente, por vulnerar el derecho a un proceso racional y justo y el acceso a la justicia. Estimó que revisar la apelación no impide cobrar lo efectivamente adeudado.
¿La finalidad de agilizar el cobro de cotizaciones previsionales justifica condicionar la apelación al pago previo de la deuda?
No, según este fallo. El Tribunal sostuvo que la naturaleza de las cotizaciones y la finalidad de agilizar el cobro no justifican supeditar la revisión de la sentencia de primera instancia al pago previo del total impuesto.
¿Qué derechos fundamentales se consideran afectados por el requisito de consignar la suma total de la condena para apelar?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que el requisito vulnera el derecho a un proceso racional y justo y el acceso a la justicia. La decisión fue adoptada por mayoría, con una disidencia del Ministro J.I.V.
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