Resumen
La Contraloría General de la República reconsideró el oficio N° 594, de 2018, de la Contraloría Regional de Antofagasta, que había sostenido que un acto administrativo debía considerarse debidamente fundado. El caso involucra a un funcionario contratado en la Subsecretaría de Energía, cuya designación no fue renovada por resolución exenta N° 32, la que expresó como fundamento su puntaje de 71,25 puntos en la evaluación de desempeño y una propuesta de no renovación de la Secretaría Regional Ministerial. Posteriormente, a solicitud de la asociación de funcionarios, la Subsecretaría prorrogó la contrata del servidor solo por enero de 2018, mediante un decreto que no expresaba fundamentos. El órgano contralor concluyó que ese decreto carecía de motivación, pero que la resolución anterior sí la contenía conforme a su jurisprudencia. Estimó que, aunque aquella resolución no produjo efectos por ser reemplazada por la prórroga parcial, sus motivos, conocidos por el afectado, fundamentan la prórroga por el mes de enero, por lo que modificó el criterio previo.