En este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el Tribunal Constitu…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
En este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional examinó si la aplicación del artículo 2331 del Código Civil, en una gestión pendiente, vulneraba los derechos a la honra y a la seguridad jurídica reconocidos en el artículo 19 números 4° y 26° de la Constitución, en relación con el principio de responsabilidad del artículo 2329 del mismo Código. La parte requirente sostenía que la norma impedía reparar el daño moral derivado de imputaciones injuriosas. Sin embargo, el Tribunal resolvió rechazar el requerimiento. Razonó que, al tratarse de un control concreto, deben considerarse las circunstancias de la gestión pendiente, y que los delitos imputados al requirente se enmarcan en la potestad del legislador para excluir el acceso a penas sustitutivas por el reproche adicional que contienen. Por ello, la disposición no resultó desproporcionada ni contraria a la igualdad ante la ley. Agregó que la eventual determinación de la pena corresponde al tribunal penal competente.
Tribunal ConstitucionalINADeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesDerecho A Obtener Una Resolucion FundadaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad IndividualDerechos ImplicitosDominio Máximo Legal
Preguntas frecuentes
¿El artículo 2331 del Código Civil es inconstitucional por impedir reparar el daño moral causado por imputaciones injuriosas?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento. Concluyó que la aplicación del artículo 2331 no resultó desproporcionada ni contraria a la igualdad ante la ley, por lo que no vulneraba la honra ni la seguridad jurídica.
¿Puede el Tribunal Constitucional revisar la aplicación de una norma en una gestión judicial pendiente mediante inaplicabilidad?
En este caso, el Tribunal explicó que, al tratarse de un control concreto, debe considerar las circunstancias de la gestión pendiente para evaluar si la aplicación de la norma es contraria a la Constitución. Así analizó el caso antes de resolver.
¿Quién determina la pena aplicable cuando se rechaza un requerimiento de inaplicabilidad en materia penal relacionada?
En este caso, el Tribunal señaló que la eventual determinación de la pena corresponde al tribunal penal competente. El Tribunal Constitucional no fijó sanciones, sino que se limitó a resolver la constitucionalidad de la aplicación de la norma.
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