El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por infracción a las normas de tran…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra la Municipalidad de Santiago. La reclamante alegaba no haber recibido información sobre una multa, pero su presentación no cuestionaba la falta de publicación de la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos. Por ello, el Consejo concluyó que no se configuró infracción al artículo 7º de la Ley de Transparencia ni al artículo 51 de su Reglamento, y declaró el reclamo inadmisible por carecer de un elemento habilitante. Contra esta resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de quince días corridos desde su notificación, sin que proceda recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Procede reclamar ante el Consejo para la Transparencia por falta de publicación de información en transparencia activa si el reclamo no cuestiona esa omisión?
No. En este caso, el Consejo concluyó que no hubo infracción al artículo 7º de la Ley de Transparencia ni al artículo 51 de su Reglamento, porque la reclamante no cuestionó la falta de publicación de la información de transparencia activa, y declaró el reclamo inadmisible.
¿Contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo, qué recurso procede?
En este caso, el Consejo indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de quince días corridos desde la notificación, sin que proceda recurso de reposición.
¿Qué implica que un reclamo sea declarado inadmisible por carecer de un elemento habilitante en materia de transparencia?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el reclamo porque no contenía el elemento habilitante necesario, al no cuestionarse la falta de publicación de la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos.
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