La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de una persona con…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2010
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de una persona contratada a honorarios por la Subsecretaría de Transportes, quien alegaba discriminación laboral ante una eventual no renovación de su contrato para el año 2010, pese a tener buenas evaluaciones. El órgano recordó que, según el artículo 11 de la ley N° 18.834, la relación de los honorarios se rige por lo pactado en el contrato y no por el Estatuto Administrativo, y que quienes prestan servicios a honorarios no son funcionarios públicos ni gozan de estabilidad en el empleo. Agregó que la autoridad no está obligada a renovar estos convenios al vencer su plazo, y que no corresponde al órgano contralor revisar las razones de la no renovación dentro de su competencia. Al no advertir un actuar irregular del servicio, la Contraloría desestimó la petición.
Normas citadas
Ley 18834 art/11
dfl 29/2004 hacie
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Un trabajador a honorarios de la Administración del Estado tiene derecho a que se renueve su contrato al vencer el plazo?
En este caso, la Contraloría sostuvo que la relación a honorarios se rige por lo pactado en el contrato y no por el Estatuto Administrativo, y que la autoridad no está obligada a renovar estos convenios al vencer su plazo.
¿Las personas contratadas a honorarios en un servicio público son funcionarios y tienen estabilidad en el empleo?
En este caso, la Contraloría recordó que quienes prestan servicios a honorarios no son funcionarios públicos ni gozan de estabilidad en el empleo, según el artículo 11 de la ley N° 18.834.
¿Puede la Contraloría revisar si la no renovación de un contrato a honorarios fue discriminatoria?
En este caso, la Contraloría resolvió que no le corresponde revisar las razones de la no renovación dentro de su competencia, y como no advirtió un actuar irregular del servicio, desestimó la petición.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.