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Un consumidor denunció el robo de su bicicleta desde el estacionamiento exterior de un…

Sentencia · 2do JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE CHILLAN · 2023

Resumen

Un consumidor denunció el robo de su bicicleta desde el estacionamiento exterior de un supermercado de Chillán y demandó a la empresa por daño material y moral. El 2º Juzgado de Policía Local acogió la denuncia infraccional y la demanda civil. Para fijar el daño material, el tribunal tomó como base el precio de venta de bicicletas de igual marca y aro publicadas en el sitio web de un retailer, prueba que no fue objetada por la contraria. Respecto del daño moral, el fallo reconoció que la jurisprudencia mayoritaria exige probarlo, pero sostuvo que en materia de consumo puede prescindirse de esa prueba, quedando su monto a la prudencial regulación del juez. En consecuencia, condenó a la empresa a pagar una multa de 10 UTM por infringir los artículos 3 letra d) y 23 de la Ley 19.496, y a indemnizar $219.990 por daño material y $60.000 por daño moral, reajustados según el IPC, además de las costas.

Normas citadas

  • Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra d
  • Ley 19.496, Art. 23
  • Ley 19.496, Art. 12
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios

Preguntas frecuentes

¿Un supermercado responde por el robo de una bicicleta dejada en su estacionamiento exterior según la Ley del Consumidor?

En este caso, el 2º Juzgado de Policía Local de Chillán acogió la denuncia y condenó a la empresa a una multa de 10 UTM por infringir los artículos 3 letra d) y 23 de la Ley 19.496, por el robo ocurrido en su estacionamiento exterior.

¿Cómo se calcula el daño material por el robo de una bicicleta en un juicio de consumo?

En este caso, el tribunal fijó el daño material tomando como base el precio de venta de bicicletas de igual marca y aro publicadas en el sitio web de un retailer, prueba que la contraria no objetó.

¿Es necesario probar el daño moral en una demanda por infracción a la Ley del Consumidor?

En este caso, el tribunal reconoció que la jurisprudencia mayoritaria exige probar el daño moral, pero sostuvo que en materia de consumo puede prescindirse de esa prueba, quedando el monto a la prudencial regulación del juez.

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