La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección interpuesto por la Asociación Chilena de Empresas de Telecomunicaciones AG (Chile Telcos AG) en contra de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, del Interior y Seguridad Pública, y de Justicia y Derechos Humanos. La asociación cuestionaba la legalidad y constitucionalidad del Decreto Supremo N°198 de 2024, que regula la cooperación técnica de prestadores de servicios de telecomunicaciones con el Ministerio Público y las policías en medidas intrusivas de investigación penal, alegando infracción de derechos fundamentales. El tribunal concluyó que el decreto se enmarca en las atribuciones del Presidente de la República y es coherente con los objetivos de la Ley 21.577 sobre investigación criminal, por lo que no advirtió ilegalidad ni arbitrariedad en la norma. Sin costas.
Normas citadas
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
Ley General de Telecomunicaciones
Código Procesal Penal, artículo 222
Decreto N°142 de 2005
Decreto N°866 de 2017
Decreto Supremo N°198 de 2024
Ley N°21.459 sobre delitos informáticos
Ley N°21.577 sobre crimen organizado
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional el Decreto Supremo N°198 de 2024 que regula la cooperación de empresas de telecomunicaciones con investigaciones penales?
En este caso, la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones que rechazó el recurso de protección, concluyendo que el decreto se enmarca en las atribuciones del Presidente y no es ilegal ni arbitrario.
¿Pueden las empresas de telecomunicaciones impugnar por vía de protección un decreto que las obliga a cooperar con el Ministerio Público?
En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso de protección de Chile Telcos AG contra el Decreto N°198 de 2024, al considerar que la norma es coherente con la Ley 21.577 y no vulnera derechos fundamentales.
¿El Decreto N°198 de 2024 vulnera derechos fundamentales de las empresas de telecomunicaciones?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el decreto no es ilegal ni arbitrario, y que se ajusta a las atribuciones del Presidente, por lo que no se advirtió infracción de derechos fundamentales.
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