El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en una causa penal en la que se discutía la expresión 'en forma absoluta' del artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226. La norma impedía a los tribunales ponderar impedimentos no absolutos para suspender juicios orales de personas privadas de libertad, lo que, según el requerimiento, afectaba el derecho a defensa y el debido proceso del artículo 19 N° 3 de la Constitución, en el contexto de juicios telemáticos durante la pandemia. El fallo, con fundamento en las garantías de oralidad, inmediación y contradicción, declara que dicha expresión vulnera el derecho a defensa al restringir las facultades de cautela de los jueces del artículo 10 del Código Procesal Penal. La sentencia sostiene que la mediación tecnológica no puede degradar la comunicación confidencial entre imputado y defensor ni la evaluación directa de la prueba.
Normas citadas
artículo 332, de Código Procesal Penal
artículo 329, inciso sexto, de Código Procesal Penal
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿El uso de videoconferencia en juicios penales durante la pandemia puede afectar el derecho a defensa del imputado?
Según esta sentencia, la mediación tecnológica no puede degradar la comunicación confidencial entre imputado y defensor ni la evaluación directa de la prueba. El Tribunal fundó su decisión en las garantías de oralidad, inmediación y contradicción.
¿Qué facultades de cautela tienen los jueces de garantía y de juicio oral en el Código Procesal Penal frente a restricciones legales en juicios telemáticos?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la expresión 'en forma absoluta' restringía indebidamente las facultades de cautela de los jueces del artículo 10 del Código Procesal Penal. Por eso declaró que dicha expresión es contraria a la Constitución en la causa.
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