Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la consulta de una funcionaria a contrata del Servicio Nacional de Menores respecto de un protocolo de acuerdo que le otorgaría un incremento de grados. El organismo concluyó que dicho protocolo no es vinculante para la Administración ni limita las atribuciones del Director Nacional, quien conserva las facultades de dirección, organización y administración del servicio, incluida la determinación del grado de los empleos a contrata según la relevancia de las tareas. Además, precisó que, conforme al propio texto del protocolo, el aumento de dos grados corresponde a partir del año 2018 y no desde 2015, como sostenía la recurrente. Finalmente, recordó lo resuelto en el dictamen N° 16.613, de 2016, que ordenó al servicio evitar que la aplicación del protocolo genere discriminaciones en la asignación de grados.