Resumen
La Contraloría General de la República representó la resolución de la Subsecretaría del Trabajo, que había dispuesto el sobreseimiento de una investigación sumaria por no haberse determinado correctamente las responsabilidades administrativas en el Programa de Intermediación Laboral. El órgano contralor consideró que el sobreseimiento se fundó en que quienes laboraban en la Unidad a cargo del programa tenían calidad de honorarios, lo que a juicio del investigador impedía hacer efectiva la responsabilidad administrativa. Sin embargo, sostuvo que, según testimonios y documentos del expediente, algunas de las personas responsables de la ejecución del programa eran contratadas a honorarios con calidad de agente público al ordenarse la instrucción. Citando su jurisprudencia, señaló que estos agentes públicos deben ser considerados funcionarios públicos para efectos de responsabilidad administrativa. Por ello, ordenó que, si los hechos configuran una irregularidad y hubo participación de esos servidores, el procedimiento continúe hasta su normal término. En consecuencia, pidió la reapertura del procedimiento disciplinario para verificar las responsabilidades administrativas que correspondan.