Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de pronunciarse sobre uno de los aspectos planteados por la peticionaria, por encontrarse pendiente un recurso administrativo. Sobre la contratación directa del servicio de transporte público remunerado en zonas aisladas, no formuló reproches de juridicidad. El organismo constató que el decreto exento N° 779, de 2019, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, autorizó esa contratación y aprobó el convenio respectivo, celebrado mientras aún se resolvía un recurso de reposición contra la adjudicación, para dar continuidad a un servicio esencial para los habitantes de localidades aisladas. Asimismo, el contrato no contiene cláusulas que impidan prestar el servicio con un bus embargado, y el convenio contempla la responsabilidad del contratado por la continuidad del servicio, la posibilidad de reemplazar el vehículo y una garantía de fiel cumplimiento. Por ello, no se acogió la reclamación en esta materia.