El Consejo para la Transparencia acogió un amparo en contra de la Tesorería General de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo en contra de la Tesorería General de la República, que había negado el acceso a expedientes administrativos solicitados por un peticionario. El Consejo ordenó entregar copia de todos los expedientes requeridos, en el formato y soporte solicitados, previo pago de los costos directos de reproducción que correspondan, y de forma presencial, por estimar que no era aplicable en este caso lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Se fijó un plazo de cinco días hábiles, contado desde que la decisión quede ejecutoriada, para cumplir, bajo apercibimiento legal, y se exigió acreditar la entrega efectiva de la información. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde la notificación, sin perjuicio de las limitaciones que la ley establece para los órganos de la Administración del Estado.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoEconomía y Finanzas
Preguntas frecuentes
¿Puede un órgano de la Administración del Estado negar el acceso a expedientes administrativos bajo la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Tesorería General de la República, que había negado el acceso, y ordenó entregar copia de todos los expedientes requeridos. Estimó que no era aplicable el artículo 15 de la Ley de Transparencia.
¿Cuál es el plazo para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?
En este caso, el Consejo fijó un plazo de cinco días hábiles, contado desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal. Además, exigió acreditar la entrega efectiva de la información.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que acoge un amparo?
En este caso, contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde la notificación. Ello sin perjuicio de las limitaciones que la ley establece para los órganos de la Administración del Estado.
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