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El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo de acceso a la información interpues…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018

Resumen

El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo de acceso a la información interpuesto contra la Tesorería General de la República, relacionado con antecedentes de un inmueble subastado por deuda de contribuciones. La decisión se fundó en que la documentación solicitada no obra en poder del órgano reclamado, sino en registros del Conservador de Bienes Raíces. Conforme a los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo es pública la información que efectivamente esté en poder de los órganos de la Administración, por lo que no puede exigirse la entrega de información inexistente en ellos. Contra esta resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, en el plazo de 15 días corridos desde la notificación.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoEconomía y Finanzas

Preguntas frecuentes

¿Puede un órgano de la Administración del Estado ser obligado a entregar información que no tiene en su poder según la Ley de Transparencia?

No. En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo porque la documentación solicitada no estaba en poder de la Tesorería General de la República, sino en registros del Conservador de Bienes Raíces. Conforme a los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, no puede exigirse la entrega de información inexistente en el órgano requerido.

¿Cuál es el plazo para reclamar de una resolución del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo de acceso a la información?

Según esta resolución, contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente. El plazo indicado es de 15 días corridos desde la notificación.

¿Qué pasa si el documento solicitado está en otro organismo público distinto al que recibió la solicitud de transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que el amparo no prosperaba porque los antecedentes requeridos a la Tesorería General de la República se encontraban en registros del Conservador de Bienes Raíces. La decisión se basó en que sólo es pública la información que efectivamente esté en poder del órgano reclamado.

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