La Contraloría General de la República analizó si la Municipalidad de Vilcún debía regi…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2019
Resumen
La Contraloría General de la República analizó si la Municipalidad de Vilcún debía regirse por la ley N° 19.886 de compras públicas o por la ley N° 18.883 (Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales) al contratar profesionales a honorarios con recursos transferidos para ejecutar un programa. El dictamen señala que la ley N° 19.886 no se aplica a honorarios que importen provisión de personal municipal, pero que la ley N° 18.883 sí puede usarse para contratar personas naturales en programas financiados con fondos de otras entidades. Sin embargo, concluye que el convenio de cooperación, en su cláusula cuarta letra f), exigía sujetar todas las contrataciones a la ley N° 19.886 sin excepción para el personal, por lo que la municipalidad incumplió dicho convenio al aplicar la ley N° 18.883. En consecuencia, ordena a la Subsecretaría del Medio Ambiente reconsiderar su decisión, rechazar la rendición de cuentas y solicitar la restitución de los fondos, informando las medidas adoptadas en 30 días hábiles.
Normas citadas
ley 20882
ley 19886 art/1
ley 19886 art/3 lt/a
ley 18695 art/8
ley 18883 art/4
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre si una municipalidad incumple una cláusula de un convenio de cooperación que exige aplicar la ley de compras públicas a las contrataciones?
En este caso, la Contraloría concluyó que la Municipalidad de Vilcún incumplió el convenio al aplicar la ley N° 18.883 en lugar de la ley N° 19.886 a todas las contrataciones de personal. Por ello, ordenó a la Subsecretaría del Medio Ambiente reconsiderar su decisión, rechazar la rendición de cuentas y solicitar la restitución de los fondos.
¿Qué plazo tiene la Subsecretaría del Medio Ambiente para informar las medidas adoptadas tras un dictamen de la Contraloría sobre rendición de fondos?
En este caso, la Contraloría ordenó a la Subsecretaría del Medio Ambiente informar las medidas adoptadas en un plazo de 30 días hábiles. Las medidas incluyen reconsiderar su decisión, rechazar la rendición de cuentas y solicitar la restitución de los fondos.
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