Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una resolución del Ministerio de Minería que había sido cuestionada por un recurrente. El órgano concluyó que, en virtud del principio de juridicidad (artículos 6° y 7° de la Constitución y 2° de la ley N° 18.575), la Administración está obligada a motivar sus actos con razones racionales y fundadas en el marco legal, y que la resolución impugnada no fue adoptada con la debida fundamentación. Por ello, ordenó al Ministerio complementar y justificar adecuadamente dicha determinación y, hacia el futuro, instruir sus procedimientos conforme a la ley, dictar sus actos oportunamente y motivar sus decisiones según los artículos 11 y 17 letra f) de la ley N° 19.880. Respecto de responsabilidades administrativas, indicó que existe un sumario en tramitación, por lo que no se pronunció por ahora, pidiendo que sus resultados sean comunicados. Sobre la causa penal aludida, se abstuvo de pronunciarse por ser materia exclusiva de los tribunales de justicia.