Resumen
La Contraloría General de la República analizó si el decreto N° 16, de 2012, del Ministerio de Minería, que fija los requisitos y condiciones del contrato especial de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio, debía someterse a E.A.E. conforme a la ley 19.300. El organismo concluyó que no correspondía tal evaluación, porque el decreto regula un acuerdo de voluntades con una situación particular y concreta, y no fija una política o plan de carácter normativo general. Asimismo, determinó que el decreto se ajustó a las disposiciones legales y no se acompañaron antecedentes que acreditaran infracción a la Constitución. Sin perjuicio de ello, dictaminó que una eventual política o plan normativo general sobre la materia deberá someterse a la E.A.E. si así se decide, y que el proyecto minero que pudiere originarse quedará sujeto a la evaluación de impacto ambiental cuando corresponda.