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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo en contra de la Municipalidad de Sant…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo en contra de la Municipalidad de Santiago, que había negado el acceso a un contrato de arriendo utilizado como antecedente para otorgar un permiso y una patente de funcionamiento municipal. El Consejo consideró que se trata de información pública que obra en poder del municipio y que no se afectan derechos de terceros, pues el tercero involucrado no dedujo oposición en tiempo y forma. Por ello, ordenó la entrega del contrato, tarjando previamente los datos personales de contexto que contiene, como el RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad y estado civil. Asimismo, representó al alcalde la infracción al artículo 20 de la Ley de Transparencia y le pidió adoptar medidas para evitar que se repita, y ordenó informar el cumplimiento dentro del plazo fijado. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde su notificación.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros

Preguntas frecuentes

¿Un municipio puede negar el acceso a un contrato de arriendo que sirvió de antecedente para otorgar una patente municipal?

No, según este caso el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó entregar el contrato, porque es información pública en poder del municipio y no se afectaban derechos de terceros al no haberse deducido oposición en tiempo y forma.

¿Qué datos personales deben eliminarse antes de entregar un contrato de arriendo en una solicitud de acceso a información pública?

En este caso, el Consejo ordenó tarjar previamente los datos personales de contexto que contenía el contrato, como el RUT, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y el estado civil.

¿Qué consecuencias puede tener para un alcalde negar indebidamente el acceso a información pública?

En este caso, el Consejo representó al alcalde la infracción al artículo 20 de la Ley de Transparencia, le pidió adoptar medidas para evitar que se repita y ordenó informar el cumplimiento dentro del plazo fijado. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en 15 días corridos desde su notificación.

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