El Tribunal Constitucional examinó si la aplicación, en una gestión judicial pendiente,…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional examinó si la aplicación, en una gestión judicial pendiente, del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798 sobre control de armas era contraria a la Constitución. La resolución concluye que dicha aplicación no resulta contraria a la Carta Fundamental y, por ello, rechaza el requerimiento. Para ello el Tribunal descarta que la mención constitucional a ciertos bienes jurídicos justifique un endurecimiento punitivo, y que el artículo 103 de la Constitución otorgue al legislador una discrecionalidad que permita atenuar las garantías del artículo 19 en materia penal. El fallo se apoya en que el régimen de autorización previa y la supervigilancia de las armas están previstos expresamente en la Constitución.
Normas citadas
artículo 17B, de LEY 17.798 - ESTABLECE EL CONTROL DE ARMAS.
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional aplicar el artículo 17 B de la Ley de Control de Armas en una causa penal pendiente?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la aplicación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798 en una gestión judicial pendiente no es contraria a la Constitución, y por ello rechazó el requerimiento.
¿La Constitución permite que el legislador endurezca las sanciones por tenencia de armas?
En este caso, el Tribunal descartó que la mención constitucional a ciertos bienes jurídicos justifique un endurecimiento punitivo. Sostuvo que el régimen de autorización previa y supervigilancia de las armas sí está previsto expresamente en la Constitución.
¿El artículo 103 de la Constitución permite atenuar las garantías del artículo 19 en materia penal?
En este caso, el Tribunal Constitucional descartó que el artículo 103 de la Constitución otorgue al legislador una discrecionalidad que permita atenuar las garantías del artículo 19 en materia penal.
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