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El Tribunal de Contratación Pública acogió una demanda de impugnación interpuesta por u…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2013

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública acogió una demanda de impugnación interpuesta por una sociedad de capacitación en contra de la Municipalidad de Santa Cruz, relativa a la licitación para la contratación de un servicio de asesoría técnica educativa destinado al fortalecimiento del sistema comunal de educación municipal. El tribunal declaró ilegal el decreto que había adjudicado la propuesta a la Universidad de Chile y dejó sin efecto dicha adjudicación. Además, ordenó a la municipalidad retrotraer el proceso a la etapa previa a la emisión del informe técnico y a la tabla de evaluación, y continuar la licitación conforme a la ley dentro de quince días hábiles desde que la sentencia quede ejecutoriada, con una nueva comisión evaluadora. Si no fuera posible cumplir lo ordenado, reconoció a la demandante el derecho a demandar indemnización en la sede correspondiente. Cada parte pagó sus costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un municipio adjudica una licitación pública de asesoría educativa de forma irregular?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública acogió la impugnación de una sociedad oferente, declaró ilegal el decreto de adjudicación y lo dejó sin efecto. Ordenó retrotraer el proceso a la etapa previa al informe técnico y a la tabla de evaluación, y continuar la licitación con una nueva comisión evaluadora.

¿Puede el Tribunal de Contratación Pública ordenar retrotraer una licitación municipal?

En este caso, el tribunal ordenó a la Municipalidad de Santa Cruz retrotraer el proceso a la etapa previa a la emisión del informe técnico y a la tabla de evaluación. Además, fijó un plazo de quince días hábiles desde que la sentencia quedó ejecutoriada para continuar la licitación conforme a la ley.

¿Qué ocurre si no es posible cumplir la sentencia que anula una adjudicación en una licitación pública?

En este caso, el tribunal reconoció a la demandante el derecho a demandar indemnización en la sede correspondiente si no fuera posible cumplir lo ordenado. Cada parte pagó sus costas.

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