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El Tribunal de Contratación Pública acogió una demanda de impugnación presentada por un…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2014

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública acogió una demanda de impugnación presentada por una empresa de capacitación contra la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), a raíz de la adjudicación de la Zona B de una licitación pública de servicios de capacitación empresarial en la Región Metropolitana. El tribunal declaró ilegales los actos administrativos mediante los cuales la entidad licitante solicitó a la oferente adjudicada reemplazar la boleta de garantía de seriedad de la oferta, así como el acta de evaluación y la resolución que adjudicó esa zona a dicha oferente. En consecuencia, dejó sin efecto esos actos y ordenó retrotraer la licitación a la etapa de evaluación de ofertas, excluyendo a la oferente adjudicada por encontrarse fuera de bases, debiendo CORFO reanudar el proceso conforme a las bases dentro de quince días hábiles desde que el fallo quede ejecutoriado. Asimismo, dejó sin efecto la suspensión del procedimiento licitatorio y dispuso que cada parte pague sus costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si el oferente adjudicado en una licitación pública queda fuera de bases?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública dejó sin efecto la adjudicación y ordenó retrotraer la licitación a la etapa de evaluación, excluyendo a la oferente adjudicada por encontrarse fuera de bases.

¿Es ilegal que la entidad licitante pida reemplazar la boleta de garantía de seriedad de la oferta?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal el acto administrativo mediante el cual la entidad licitante solicitó a la oferente adjudicada reemplazar la boleta de garantía de seriedad de la oferta.

¿Qué puede ordenar el Tribunal de Contratación Pública al acoger una impugnación contra una adjudicación?

En este caso, dejó sin efecto los actos impugnados, ordenó retrotraer la licitación a la etapa de evaluación y dispuso que la entidad reanudara el proceso conforme a las bases dentro de quince días hábiles desde que el fallo quedara ejecutoriado.

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